El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado domingo que el Consejo de Ministros aprobará este martes 28 de julio la declaración de las zonas afectadas por los incendios de Ávila, Madrid y Toledo como «zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil», la figura popularmente conocida como «zona catastrófica». La medida llega tras el peor fin de semana de la historia forestal reciente del país, con más de 77.000 hectáreas calcinadas entre las tres provincias, según los últimos datos disponibles.
Es importante subrayar que la declaración no supone que todos los afectados vayan a recibir automáticamente una cantidad de dinero, ni fija por sí sola el importe de las ayudas. Lo que hace es abrir el marco jurídico para que el Estado pueda movilizar subvenciones, beneficios fiscales y medidas de apoyo específicas.
Beneficios fiscales previstos
Entre las medidas que podrán activarse para particulares, negocios y explotaciones agrarias destacan:
- IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles): exención para los inmuebles dañados por el fuego.
- IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas): reducción para los negocios que se hayan visto obligados a cerrar temporalmente.
- IRPF: posibilidad de una reducción de los módulos para agricultores y ganaderos afectados.
- Tasas de Tráfico: exenciones en determinadas tasas vinculadas a la reposición de vehículos dañados.
Créditos y ayudas complementarias
Además del capítulo fiscal, la declaración habilita créditos blandos a través del ICO y ayudas específicas a los ayuntamientos para reconstruir infraestructuras básicas destruidas por el fuego. Los consistorios afectados podrán además reclamar compensaciones por los gastos urgentes asumidos durante la emergencia y recibir financiación para reparar carreteras, redes de abastecimiento e instalaciones municipales.
Medidas laborales
En el plano laboral, las suspensiones de contratos o reducciones de jornada provocadas directamente por la emergencia podrán considerarse de fuerza mayor. En declaraciones de zonas catastróficas anteriores, esto se ha traducido en la posibilidad de que el tiempo en que se perciban prestaciones por desempleo no compute dentro de los periodos máximos establecidos, así como en moratorias de hasta un año en el pago de cotizaciones sociales para autónomos y empresas que acrediten daños.
Nota: los detalles concretos (porcentajes, plazos y requisitos exactos) se fijarán en el Real Decreto que apruebe el Consejo de Ministros el 28 de julio, así como en las órdenes ministeriales posteriores. Si tienes propiedades o un negocio en la zona afectada, te recomiendo confirmar los requisitos exactos en la sede electrónica de la Agencia Tributaria y del ayuntamiento correspondiente una vez publicado el decreto, ya que estas medidas suelen exigir plazos y justificantes específicos de solicitud.
